Las reglas energéticas de 2013 facilitaron el auge del huachicol fiscal

El marco normativo energético implementado en 2013 sentó las bases para el surgimiento del llamado huachicol fiscal, una modalidad de evasión que alcanzó niveles críticos durante la pandemia de COVID-19. Autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectaron una red masiva de empresas fachada que utilizaban la simulación de importación de combustibles, disfrazando hidrocarburos como aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esta práctica aprovechó las facilidades administrativas otorgadas a particulares para la importación de petrolíferos en años anteriores.

Durante la contingencia sanitaria, la falta de controles estrictos en las aduanas y la dispersión de permisos permitieron que el combustible ingresara al territorio nacional bajo denominaciones falsas. La estrategia de los evasores consistía en declarar los cargamentos como compuestos químicos distintos a las gasolinas o diésel, eludiendo así los gravámenes correspondientes y distorsionando el mercado interno de combustibles. Esto generó una competencia desleal contra PEMEX, que cumplía cabalmente con las obligaciones fiscales vigentes.

La Fiscalía General de la República y el SAT han mantenido investigaciones sobre el impacto de estas operaciones, las cuales provocaron una afectación significativa a los ingresos públicos. Diversos especialistas en política energética han señalado que la apertura desregulada del mercado facilitó que actores privados operaran con opacidad. El objetivo de las autoridades actuales ha sido cerrar estos vacíos legales mediante reformas en la ley de hidrocarburos y un mayor monitoreo en los puntos de entrada al país.

Actualmente, la Secretaría de Energía y el SAT trabajan en la consolidación de mecanismos de vigilancia más robustos para evitar que la importación de aditivos sea utilizada como una fachada legal. Si bien se han incrementado las revisiones físicas y documentales, el reto persiste en la coordinación interinstitucional para desmantelar las redes que aún operan bajo esquemas de triangulación fiscal. El fortalecimiento de la soberanía energética busca, además de la autosuficiencia, el control absoluto sobre la calidad y el origen de los combustibles que se distribuyen en México.