Sheinbaum abre puerta a investigación contra Carlos Ulloa por adquisiciones inmobiliarias

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este sábado que su administración mantiene abierta la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción realice una investigación formal sobre el patrimonio de Carlos Ulloa. El señalamiento surge tras cuestionamientos públicos sobre la adquisición de dos departamentos realizados mediante pagos de contado, situación que ha generado diversas peticiones de transparencia en el ámbito político nacional.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal enfatizó que bajo su gobierno no existen excepciones en la aplicación de las políticas de austeridad y fiscalización de recursos. Sheinbaum precisó que cualquier servidor público está sujeto al escrutinio de las instituciones competentes si se detectan inconsistencias patrimoniales que no correspondan con los ingresos declarados oficialmente ante la Secretaría de la Función Pública.

La posibilidad de esta indagatoria se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de los mecanismos de control interno que el Gobierno Federal ha promovido en los últimos meses. Según fuentes cercanas al equipo de la presidencia, la instrucción es clara respecto a la cero tolerancia contra posibles irregularidades, permitiendo que las dependencias encargadas de la vigilancia administrativa actúen conforme a sus facultades legales sin distinciones de carácter político.

Por su parte, el entorno del funcionario señalado ha mantenido una postura de apertura ante posibles requerimientos de información por parte de los órganos fiscalizadores. Se espera que, de confirmarse el inicio de una auditoría, el proceso se lleve a cabo bajo los protocolos estándar de la administración pública federal, garantizando el derecho de audiencia y la transparencia en el flujo de información financiera.

Finalmente, la presidenta reiteró que la legitimidad de su administración depende directamente de la rendición de cuentas. Con esta declaración, el Gobierno Federal busca reafirmar que las instituciones, incluyendo a la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, cuentan con la autonomía necesaria para investigar cualquier caso que involucre a miembros de la actual gestión gubernamental.